Las empresas desokupa ofrecen que quien ocupa tu vivienda se marche sin esperar al juzgado, normalmente negociando o presionando. Contratarlas no es delito en sí, pero ninguna tiene potestad para desalojar —eso solo puede ordenarlo un juez—, sus tarifas no están reguladas y, si emplean presión, el método puede constituir un delito de coacciones (art. 172 CP) que acabe salpicándote a ti. La única vía que termina con la posesión de vuelta y con todas las garantías es la judicial, y empieza por clasificar bien tu caso.
“Si llevas meses con tu vivienda ocupada, la promesa de resolverlo «en días» toca justo donde duele. No vamos a caricaturizar esa opción: vamos a compararla en serio con la vía legal —qué contratas, cuánto cuesta, qué arriesgas y qué recuperas— para que decidas con la cabeza fría.”
Qué es una empresa desokupa y qué contratas exactamente
Bajo la etiqueta «desokupa» operan empresas privadas que ofrecen conseguir la salida del ocupante sin pasar por el juzgado. Su repertorio habitual: negociación con quien está dentro —a menudo con una compensación económica de por medio—, presencia física en el inmueble o sus accesos, y vigilancia de quién entra y sale. Lo que ninguna puede ofrecer legalmente es el desalojo en sí: en España solo un juez puede ordenar un lanzamiento, y la policía únicamente actúa de inmediato en supuestos concretos, como el allanamiento flagrante de tu morada.
Hay un matiz más que conviene conocer antes de firmar: la vigilancia y el control de accesos son actividades de seguridad privada, reservadas por la Ley 5/2014 a personal habilitado. Una parte del sector trabaja con vigilantes acreditados y se limita a mediar; otra se mueve en los márgenes. Como categoría, la desokupación extrajudicial opera en una zona gris: no existe una regulación específica de la actividad, y todo depende de cómo actúe cada empresa en cada caso concreto.
¿Es legal contratar una empresa desokupa?
Contratar a una de estas empresas no es ilegal. Lo que puede serlo es el método que emplee: así lo resume el análisis de Iberley sobre la legalidad de estas empresas, y así lo han apreciado ya resoluciones judiciales publicadas. La frontera está en el delito de coacciones del art. 172 CP: impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiere.
No es una advertencia teórica. La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2022 a una empresa del sector por un delito leve de coacciones (sentencia 222/2022), y la de Barcelona apreció en 2023 indicios de coacciones en la actuación de otra (auto 1658/2023). Lo relevante para ti no son los nombres, sino el patrón: cuando la «gestión» se convierte en presión, deja de ser un servicio y pasa a ser un posible delito.
¿Y a ti, que la contratas? El riesgo no se queda en la empresa. Como te contamos en 5 cosas que no debes hacer si te han ocupado el piso, cualquier coacción —directa o a través de un tercero— se vuelve prueba en tu contra, y encargar el desalojo físico no te protege de los delitos que se cometan por el camino. Además, un acuerdo de salida firmado bajo presión nace débil: quien lo firmó podría impugnarlo después. El ocupante sin título tiene poca razón en el fondo; si el método es ilícito, el denunciado puedes acabar siendo tú.
Cuánto cobra una empresa desokupa
No existe tarifa regulada ni baremo público. Los comparadores del sector sitúan la horquilla habitual entre 1.800 y 8.000 euros por intervención, con puntos de partida en torno a los 3.000 €, y la compensación económica que a veces se ofrece al ocupante para que firme la salida va aparte. Cada empresa fija su precio caso a caso, y el pago no compra ningún resultado jurídico: si la negociación fracasa, el ocupante vuelve o la actuación acaba denunciada, lo pagado no se recupera.
Para comparar con conocimiento: los honorarios de la vía judicial también varían, pero puedes presupuestarlos antes de empezar y sabes qué compras —un procedimiento con todas las garantías—. Los rangos habituales por tipo de caso los tienes en cuánto cuesta un abogado para un caso de ocupación.
La comparativa honesta, punto por punto
Seamos justos con la pregunta que te ha traído hasta aquí: si estas empresas existen y facturan es porque los plazos judiciales asustan y porque muchos propietarios se sienten solos ante el problema. Y sí, a veces la negociación extrajudicial consigue que el ocupante se marche en días. La comparación honesta no es «funciona vs. no funciona», sino qué compras exactamente con cada vía:
- Resultado — La vía extrajudicial, cuando sale bien, termina en una salida pactada sin respaldo judicial: nada impide un conflicto posterior sobre cómo se produjo. La vía legal termina en una resolución que ordena el lanzamiento y te devuelve la posesión con todas las garantías.
- Riesgo — En la extrajudicial, si hay presión, el método puede ser delito y la responsabilidad puede alcanzarte a ti. En la judicial no asumes ese riesgo: es el juzgado quien ordena y ejecuta el desalojo.
- Plazo — «Días o semanas» frente a meses: esa es la promesa. Pero el plazo extrajudicial no lo garantiza nadie, y el judicial es un dato público que puedes consultar por territorio antes de decidir.
- Coste — Sin baremo y caso a caso en la extrajudicial; presupuestable de antemano en la judicial. Ninguna de las dos es gratis: la diferencia es qué recibes a cambio y qué pasa con tu dinero si algo se tuerce.
Los plazos judiciales, con datos y no con miedo
El argumento estrella de la desokupación extrajudicial es el miedo a «años de juicio». La realidad es menos dramática y más útil: el plazo depende del procedimiento que corresponda a tu caso y de tu comunidad autónoma, y es un dato público del CGPJ que hemos ordenado en los plazos reales de desahucio por comunidad. Además, desde la LO 1/2025 el allanamiento y la usurpación pueden tramitarse por juicio rápido; qué cambió exactamente lo tienes en LO 1/2025: qué cambia para los propietarios.
Y hay una palanca que sí controlas tú: clasificar bien el caso desde el primer día —allanamiento, usurpación, inquiokupa o precario— y llegar con la documentación completa. Es la diferencia entre un procedimiento que arranca a la primera y uno que se atasca en subsanaciones. El orden correcto de esos primeros pasos lo tienes en me han ocupado el piso: qué hacer hoy y qué vía tienes.
Dónde encaja LexData en esta comparación
Que no haya confusión: LexData no es una empresa de desokupación ni un despacho de abogados. Somos el paso previo: un diagnóstico que clasifica tu caso, te dice qué vía legal le corresponde y con qué viabilidad orientativa, para que no firmes nada —ni con una empresa de presión ni con un abogado— sin saber antes qué caso tienes. El triaje es gratis y anónimo; si después quieres la hoja de ruta completa (tipología, vía, documentación y los plazos reales de tu comunidad), el dossier de viabilidad cuesta 25 € IVA incluido. Precio cerrado y publicado que, en esta comparativa, es justo el punto.
Preguntas frecuentes
¿Una empresa desokupa puede echar legalmente a un okupa?
No. Ninguna empresa privada tiene potestad para desalojar: solo un juez puede ordenar un lanzamiento, y la policía solo actúa de inmediato en supuestos concretos, como el allanamiento flagrante. Lo que estas empresas ofrecen es que el ocupante se marche «voluntariamente», normalmente negociando una salida o presionando.
¿Cometo un delito por contratarla?
Contratar el servicio no es delito. Pero si la empresa emplea métodos ilícitos —presión, hostigamiento, cortes de suministro, entrada en la vivienda—, quien los sufre puede denunciar, y la responsabilidad puede acabar alcanzando también a quien encargó o consintió esos métodos. El riesgo jurídico no desaparece por delegarlo en un tercero.
¿Y si el ocupante se va tras la visita de la empresa? ¿Problema resuelto?
Habrás recuperado la posesión, pero sin resolución judicial que lo respalde. Si la salida se consiguió bajo presión, el ocupante puede denunciar después, y el conflicto —esta vez penal y dirigido contra ti— puede continuar. Con un lanzamiento judicial, en cambio, la recuperación queda documentada y respaldada por el juzgado.
¿La vía legal no es demasiado lenta?
Depende del procedimiento y del territorio: no es lo mismo un juicio rápido por allanamiento que un desahucio civil, ni un juzgado con poca carga que uno saturado. Antes de descartar la vía judicial «por lenta», consulta el dato real de tu comunidad en la tabla de plazos del CGPJ y clasifica bien tu caso: es lo que más acorta el calendario.
Comprueba primero qué caso tienes
Antes de firmar nada con nadie, dedica unos minutos a saber qué caso tienes. Haz el triaje gratis: clasifica tu situación —allanamiento, usurpación, inquiokupa o precario— y te dice qué vía legal le corresponde. El cuestionario orienta; la hoja de ruta completa va en el dossier de viabilidad. Y si quieres seguir comparando, tienes todas las guías sobre okupación de vivienda reunidas por tipo de caso.
