Cuando hablamos de "dossier de viabilidad jurídica" no nos referimos a un análisis legal abstracto. Nos referimos a un documento de 12 a 18 páginas que tu abogado puede abrir el primer día y trabajar a partir de él sin tener que reconstruir el caso desde cero. Esa es la diferencia entre una consulta de dos horas y una de treinta minutos.
Estructura general del dossier
Todos los dossieres LexData siguen la misma estructura, lo que permite a los abogados especialistas del marketplace localizar la información en segundos, independientemente del tipo de caso. La consistencia estructural es lo que convierte el dossier en una herramienta procesal, no en una mera descripción del problema.
1. Cabecera y resumen ejecutivo
Una página inicial con el número de expediente, fecha de emisión, comunidad autónoma de la propiedad, y un resumen en cuatro líneas con la clasificación jurídica del caso, el porcentaje de viabilidad estimado y el procedimiento recomendado.
2. Análisis de hechos y tipificación
Desglose de las respuestas del cuestionario traducidas a lenguaje jurídico. Incluye la calificación jurídica precisa del supuesto (allanamiento de morada, usurpación, precario o inquiokupación), con cita expresa de los artículos del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la legislación autonómica aplicable.
Este apartado es el que más confusiones evita. Confundir allanamiento con usurpación es el error más común entre propietarios y comporta diferencias decisivas: el primero permite intervención policial inmediata, el segundo requiere procedimiento judicial.
Qué hacer ahora
La sección central del dossier. Un diagrama de pasos numerados, con plazos estimados, organismos competentes y documentación necesaria en cada fase. No describe lo que "se podría hacer": describe lo que hay que hacer, en qué orden, y con qué documentación.
- Acreditación documental — qué documentos reunir antes de cualquier actuación (escritura, registro, IBI, contratos previos si los hubo).
- Vía amistosa o burofax — cuándo es estratégicamente útil y cuándo se debe evitar (en algunos casos retrasa la vía penal).
- Denuncia o demanda — selección del procedimiento óptimo: juicio rápido LO 1/2025, procedimiento abreviado, desahucio civil express, etc.
- Comparecencia y vista — preparación de la documentación y previsión de excepciones que pueda plantear la parte contraria.
- Sentencia y ejecución — plazos del lanzamiento, posibles suspensiones por vulnerabilidad y vías de recurso.
Análisis de riesgos
Lista priorizada de los obstáculos previsibles para el caso concreto: posible vulnerabilidad de los ocupantes, prescripción del delito, conflictos con la inscripción registral, contratos verbales previos, intervención de servicios sociales. Cada riesgo viene clasificado por probabilidad e impacto, y acompañado de una estrategia de mitigación específica.
“El propósito del análisis de riesgos no es asustar al propietario. Es darle al abogado, antes de la primera reunión, una lista de cosas que podrían torcer el caso y cómo cubrirse frente a cada una.”
Marco normativo aplicable
Recopilación de la legislación específica aplicable al caso, con citas literales de los artículos relevantes y referencia a la jurisprudencia más reciente. La normativa varía según la comunidad autónoma (escudo social, planes contra la pobreza energética, etc.) y según el tipo de inmueble: el mismo caso en Madrid y en Barcelona puede requerir actuaciones distintas por las particularidades del derecho civil catalán y la regulación autonómica.
Marketplace de especialistas
Tres abogados especialistas seleccionados según el tipo de procedimiento y la comunidad autónoma. Cada perfil incluye número de colegiado, años de experiencia en casos similares, tarifa orientativa y disponibilidad para esa semana. El dossier se envía automáticamente al abogado que elijas, de modo que pueda revisarlo antes de la primera llamada.
Conclusión
Un dossier de viabilidad no sustituye a un abogado: lo prepara. Su valor real es ahorrar las primeras 4 a 6 horas de trabajo que normalmente se pierden en "explicar el caso" y permitir que esas horas se dediquen a la estrategia procesal. Para casos con plazos críticos —como la flagrancia de 48 horas— esto puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o perder la vía rápida.
